El próximo 2 de diciembre, España implementará el Real Decreto 933/2021, una medida que muchos críticos consideran un avance sin precedentes hacia la vigilancia estatal masiva. Con la excusa de la «seguridad ciudadana», los hoteles, apartamentos turísticos y otras formas de alojamiento estarán obligados a recopilar 42 datos personales de sus huéspedes, una medida que supera ampliamente las exigencias anteriores y plantea serias dudas sobre la privacidad y las libertades civiles.
Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, esta normativa exige que se registren datos sensibles como la relación de parentesco entre los viajeros, detalles completos del método de pago, e incluso números de cuenta bancaria y tarjetas de crédito. Un enfoque que recuerda a políticas dignas de regímenes autoritarios y no a un Estado democrático. Donde todos somos sospechosos de todo y siempre con la vaga excusa de es «por nuestra seguridad», cuando más bien es por su «mayor control».
Los 42 datos que los alojamientos deberán recopilar
Aquí se detalla la extensa lista de datos que se deberán entregar a las autoridades, según el nuevo Real Decreto:
1. Datos de la empresa arrendadora:
- Nombre o razón social.
- CIF o NIF.
- Municipio.
- Provincia.
- Teléfonos fijo y móvil.
- Correo electrónico.
- Web de la empresa.
- URL del anuncio.
2. Datos del establecimiento:
- Tipo de establecimiento.
- Denominación.
- Dirección completa.
- Código postal.
- Localidad.
- Provincia.
3. Datos de los viajeros:
- Nombre.
- Primer apellido.
- Segundo apellido.
- Sexo.
- Número de documento de identidad (DNI, pasaporte, TIE).
- Número de soporte del documento.
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad, país).
- Teléfono fijo.
- Teléfono móvil.
- Correo electrónico.
- Número de viajeros.
- Relación de parentesco entre los viajeros (si alguno es menor de edad).
4. Datos de la transacción:
- Datos del contrato: número de referencia, fecha, firmas.
- Datos de la ejecución del contrato: fecha y hora de entrada y salida.
- Datos del inmueble: dirección completa, número de habitaciones, conexión a Internet.
- Datos del pago: tipo de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.), identificación del medio de pago (tipo de tarjeta y número, IBAN, etc.), titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta, fecha del pago.
Un atentado contra la privacidad
Este nivel de detalle, que incluye datos financieros completos y relaciones personales, ha sido criticado como un claro atentado contra la privacidad individual. La relación de parentesco entre los viajeros, por ejemplo, es un dato irrelevante para la seguridad ciudadana y solo sirve para aumentar la sensación de vigilancia intrusiva. ¿Por qué el gobierno necesita saber si una familia se hospeda junta o si se trata de un grupo de amigos?
Otro punto altamente controvertido es la exigencia de los detalles del pago, incluyendo los números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias. En un contexto donde las filtraciones de datos son cada vez más frecuentes, depositar esta cantidad de información sensible en manos de un sistema gubernamental que ya ha mostrado fallos de seguridad representa un riesgo inaceptable para los derechos de los ciudadanos.
Orwell en pleno siglo XXI
Bajo el paraguas de la «seguridad», el Real Decreto 933/2021 se convierte en una herramienta de control sin precedentes que socava las libertades individuales. Quienes defienden la medida argumentan que aquellos que «no tienen nada que esconder» no deberían preocuparse, pero la realidad es que la privacidad es un derecho fundamental. Este tipo de normativas debilita el equilibrio entre la seguridad y la libertad, inclinando la balanza peligrosamente hacia el lado de la vigilancia estatal.
El riesgo de almacenar tal cantidad de información sensible en sistemas gubernamentales expone a los ciudadanos a posibles abusos y vulnerabilidades. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de filtraciones de datos y hackeos que dejan expuestos datos personales? Con esta nueva normativa, las vacaciones en un hotel pueden convertirse en un registro detallado de tu vida personal, todo bajo la vigilancia del Estado.
El Real Decreto 933/2021 va más allá de lo necesario para proteger la seguridad ciudadana y se adentra en un territorio que debería alarmar a cualquier defensor de las libertades individuales.