Sin duda si la noticia al final se confirma será una «buena noticia» y es que no tiene ninguna lógica que una sociedad privada de gestión de derechos de propiedad intelectual cobre el impuesto revolucionario que el Gobierno autorizó y con el que todos somos culpables y piratas mientras no se demuestre lo contrario. «Viva la libertad y la constitución».
Según parece la entidades privadas de gestión de derechos como son SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AIE y AISGE se les podría acabar el chollo que tiene con la gestión del canon.
Tal y como leemos en BarraPunto con sus correspondientes referencias un informe de la Agencia de Evaluación y Calidad destaca que no es viable que las entidades de gestión sigan gestionando de forma independiente el canon. Este informe elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas, recomienda la creación de un órgano común de recaudación que después pueda repartir la tarta entre las entidades de gestión, de forma que se puedan acabar los abusos que se están denunciando. Quizás también pueda servir para que parte del dinero se quede en el gobierno y no en manos de unas pocas empresas privadas. También podría ser una puerta para apliquen un poco de sentido común y no cobren a diestro y siniestro por todo, presuponiendo que se usará para copiar contenidos protegidos, lo que sin duda es un error y un abuno.
En el informe se critican algunos puntos de la gestión de canon como:
- Que la gestión de los derechos no siempre se hace con el consentimiento de quienes han realizado las obras, que a veces ni siquiera pertenecen a estas sociedades y que aún así éstas cobran por ello.
- Exceso de impuestos acumulativos en el cobro de estos derechos. En un único equipo se puede pagar hasta 4 veces un canon (disco duro, grabadora, cd, impresora multifunción).
- Existen diferentes baremos de cobro que no están aclarados, lo que causa que el cobro sea diferente ante casos iguales.
- Se benefician de estos cobros personas que no están directamente ligadas a la obra, ya que se dan por «extinguidos» los derechos de cobro de quienes las han creado al desconocer su paradero.
- Los procedimientos de asignación económica no son claros, cada entidad tiene uno.
- Se reclama una mayor transparencia en la gestión de sus resultados y de sus «fondos promocionales».
La pega es que el informe no cuestiona la existencia del canon sino la forma de recaudación, recomendando la creación del ente público para su gestión, regulación y reparto.
Realmente es esta la solución, posiblemente no.
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